Paro Laboral en el Poder Judicial de Puebla Continúa por Demandas de Mejora y Reformas Controversiales
Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Puebla continuarán con el paro laboral iniciado en agosto. El 16 de octubre, se llevó a cabo una votación para decidir si continuaban con esta pausa en sus actividades. A mediodía, mil 136 servidores emitieron su voto: 822 a favor de continuar con el paro, 288 en contra y 26 nulos. Este paro se realiza en un contexto en el que los trabajadores exigen mejoras laborales, condiciones más justas y una reunión con autoridades federales para discutir la reciente Reforma al Poder Judicial, que contempla la elección de jueces y magistrados mediante voto popular.
La votación incluyó a todos los empleados de juzgados de diversas especialidades, así como a los servidores de tribunales y los que laboran en centros de justicia. La jornada se desarrolló de 8:30 a 10:00 horas para los juzgados de especialidades y los centros de justicia, y de 10:00 a 11:00 horas para los tribunales colegiados. La decisión de continuar con el paro indefinido afectará a cientos de ciudadanos que han visto detenidos sus procesos legales.
La reciente reforma al Poder Judicial en México busca modificar diversos aspectos del sistema judicial para mejorar su eficiencia y transparencia. Entre las propuestas principales se incluyen cambios en la estructura y funcionamiento de los tribunales, la creación de nuevos mecanismos para la selección de jueces y magistrados, y medidas para agilizar los procesos judiciales. Sin embargo, esta reforma ha generado una considerable polémica. Los críticos advierten que podría comprometer la independencia del poder judicial al incrementar el control político sobre la selección de jueces y magistrados.
Además, existe preocupación de que estas modificaciones se utilicen para debilitar las instancias judiciales que han sido críticas del gobierno. Como resultado, han surgido paros y manifestaciones de oposición por parte de diversos sectores de la sociedad civil, quienes consideran la reforma una amenaza a la separación de poderes y a la protección de los derechos humanos.
Los defensores de la reforma argumentan que es necesaria para combatir la corrupción y mejorar el funcionamiento del sistema judicial, mientras que los opositores temen que su implementación pueda resultar en un retroceso en la justicia y en el estado de derecho.
